Las trampas del alcalde de Algeciras, con las baterías sanitarias

Se habrían presentado sobrecostos por alrededor de 4 mil millones de pesos y una evidente violación a la ley de contratación.

Escrito por: Carlos Héctor Gómez

Una verdadera pandemia de defraudación de los recursos públicos que tenían como objeto llegar a 620 familias rurales dispersas, a través de subsidios de mejoramiento de vivienda, convertidos en baterías sanitarias con una inversión que supera los 8 mil millones de pesos, con destino a Municipios PDET, afectados por el conflicto armado.

El origen de los recursos, priorizados y aprobados de la Ocad – Órgano Colegiado de administración y decisión, recursos para la paz, direccionado, girado al municipio, desde el Departamento Nacional de Planeación sin ningún filtro ni control. Todo al manejo al bolsillo, al libre albedrío del alcalde Libardo Pinto Lizcano.

El anticipo inicial por 3.413.752 millones de pesos, para la Unión Temporal Unidades sanitarias Algeciras, de John Aimer Andrés Cuellar Rojas a quien se les consignó en Davivienda. Hoy no es claro cómo se entregaron los subsidios si se tiene en cuenta que tenían que acreditar el vínculo jurídico con cada uno de los beneficiarios y los señalados en el artículo 2.1.1..1.1.5.1..1 del Decreto Nacional  1077 de 2015. Se observa que no cumplió con lo requisitos exigidos  y demás normas para la legalización de subsidio familiar de vivienda, incluida la presentación de copia del documento privado de protocolización del título de mejoramiento debidamente autenticado.

Como nunca antes, los alcaldes como verdaderos buitres acechan los recursos de la paz. Algeciras epicentro del conflicto armado, origen de la extinta, temible Teófilo forero de las Farc, hoy no ha cambiado mucho; en manos de las disidencias de las Farc. Algeciras también ha sufrido históricamente el saqueo de sus recursos públicos, por parte de sus alcaldes. Algeciras único municipio PEDET en el Huila, con recursos direccionados a través de proyectos del Departamento Nacional de Planeación recursos Ocad Paz. Cerca de 9 mil millones de pesos, recursos para la Paz que terminan en los bolsillos de la corrupción.

El Alcalde de Algeciras Libardo Pinto Lizcano dispuso un proyecto de baterías sanitarias para la población dispersa, setenta veredas, unidades de baterías sanitarias para 620 familias, recursos irrigados por el Departamento Nacional de Planeación  sin mayor control fiscal y contractual. Hábilmente, el mandatario a través de convocatoria y no de licitación, teniendo en cuenta que trataba de millonarios recursos, invitó a través de su página electrónica, y no a través del Sistema Secop. El alcalde y su equipo de funcionarios seleccionó las familias sin hacer el filtro necesario, para adjudicar dichos subsidios de vivienda en baterías sanitarias, personas que ya habían sido beneficiadas incluso algunos concejales beneficiarios de esos recursos, sin un filtro del Censo SISBEN. Adjudicación a dedo.

Según los especialistas en contrataciones, se infiere que por la cuantía 8 mil millones 534.38.794 para la construcción de 620 baterías sanitarias, el proceso que se debió adelantar correspondía obligatoriamente a una licitación pública, procedimiento que debió promover el asesor  Jurídico Externo Noe Santiago Parada, en el entendido que el proceso debió llevarse de acuerdo a las normas vigentes en la ley 80 de Contratación.

Por lo que se observa de plano, tanto el Alcalde Libardo Pinto Lizcano, el asesor Jurídico como el contratista y funcionarios habrían incurrido en Contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y Prevaricato por Omisión así como inhabilidades e incompatibilidades.

Veamos: Increíblemente según nuestra investigación en el cruce de información de las 620 familias beneficiadas con el subsidio 100 hogares ya habían recibido subsidio familiar en mejoramiento de vivienda, concejales, presidentes de Junta Comunal, y hasta familiares del alcalde Pinto Lizcano. Un verdadero carrusel de favorecimiento y desmadre de los recursos públicos.

Por ejemplo Maximino Cortéz, Presidente de la Junta Comunal Tierra y Libertad donde se movía la extinta  temible Teófilo Forero  de  las FARC, en el 2015 ya había recibido subsidio, Miguel Enrique Puentes dos subsidios en el año 2015 y 2020. Carlos Julio Rojas Duarte dos susidios y Salomón Lozada Puentes  a quien se le adjudicó Apartamento en 2018, en 2020 también se le adjudicó subsidio en zona rural. Ricardo Mayumgo con cédula de ciudadanía 5.064.500 se le adjudicó en dos oportunidades; Luis Eduardo Barrera Plazas vereda Ipiales, recibió programa opitas de Corazón beneficiario de baterías sanitarias en 2018  y en 2020.  No podían faltar los Concejales uno de los beneficiados el actual Concejal, Luis Alberto Puentes Duarte, llama poderosamente la atención  que Eliecer Lozano por ejemplo recibió tres subsidios en 2015, mejoramiento zona rural, en 2018  en la vereda El Bosque en 2020, increíblemente  uno de los más beneficiados.

Se observa que se violó flagrantemente la ley marco de vivienda y territorio, decreto 1077 de 2015 artículos 201, 1.11 y 5.1. Con un presupuesto inflado en cada uno de los ítem.

Se incrementaron los números de ayudantes en cada una de las actividades, para de esa manera inflar el presupuesto presentado al Ocad. Sin utilizarlos en desarrollo de la obra, según el testimonio de algunos de los beneficiarios, a quienes algunos se les chantajeaba que, si no colaboraban, entonces les tocaba pagar los trabajadores o ayudantes, en un abuso flagrante del  contratista.

Prepararon todo el proyecto para entregárselo al contratista, en una checa muy bien definida: ALCALDE, CONTRATISTA LA TEMPORAL y CONSORCIO, INTERVENTOR para entregarlo a un solo oferente, en solo ocho días la convocatoria, los requisitos técnicos habilitables 8 años de experiencia con dos calificaciones de cumplimiento, todo para el Contratista Único, Consorcio UNION TEMPORALES UNIDADES SANITARIAS por valor de 8 Mil Millones 534 Mil pesos. Proyecto para ejecutarse en 14 meses. Precio Unitario de Batería Sanitaria, la interventoría para el Consorcio CESPO Néstor Javier Celada Ciceri por 458 Millones de pesos 800 Mil pesos, el proyecto para ejecutarse en 12 meses. 

Los sobrecostos millonarios

Sin sonrojarse, sin ningún escrúpulo precio unitario de batería sanitaria 14 Millones 500 Mil pesos, cuando según nuestra investigación, ni siquiera se presentó un estudio serio de mercadeo, presentaron cotizaciones de ferreterías del norte de Neiva, de forma perversa, el trasporte de los materiales 340 Mil pesos. En nuestra denuncia se logró una auditoria exprés de la Contraloría General especializada en regalías, intervino el Proyecto; la Contraloría General de la República indicó que el equipo auditor designado, evidenció en el análisis al presupuesto de obra y los APUs del proyecto, irregularidades en los puntos de pozo de absorción red de conexión y efluentes y transporte general para zona rural respectivamente que, de acuerdo con las cantidades contractuales, corresponden a un sobrecosto de $219.683 por batería sanitaria y de $136.206.522 para las 620 a construir.

“El equipo auditor concluyó que los argumentos expuestos por el ente territorial no desvirtuaban la irregularidad evidenciada por la CGR, configurándose un hallazgo administrativo con connotación fiscal y disciplinaria en cuantía de $136.206.522”, sostuvo Jairo Eduardo de La Rosa de La Cruz, contralor Sectorial Unidad de Seguimiento y Auditorías de Regalías.

Luego de halladas graves irregularidades. El mandatario y sus funcionarios pagaron una sanción por 136 millones de pesos, sometiéndose al Principio de oportunidad. El fenómeno de corrupción se observa desde la convocatoria, con un solo oferente, sin licencia de la CAM Corporación Regional del Alto Magdalena con la cual se aprobó el plan de saneamiento y manejo de vertimientos. Con acta de  inicio del 26 de Agosto de 2021, entregada al contratista, en tiempo récord 8 días John Aimer Andrés  Cuellar Rojas, con fecha de finalización  15 de Enero  de 2022, se observa  avance físico muy bajo, con criterio  de riesgo en alerta, con una suspensión  de obra; sin duda se trata de un  contrato fantasma, con desconocimiento del principio de selección objetiva, violando la trasparencia y la moralidad, mientras este contrato se adjudicó a dedo, en otros municipios PDET del país, se contrató a través  de Licitación Pública, por ejemplo en Sampues, Sucre, en Albania, en Valparaiso  Caquetá. Hoy se observan obras de batería sanitaria  de muy  baja calidad, pagando 1 millón 200 mil pesos por mano de obra, los valores de los materiales como la varilla 2 o 3 veces más costosos, el trasporte del material hacia las veredas, se cobra por viaje de materiales 340 millones 732 mil 700 pesos, con este sobre costo muy visible, bien podría el contratista, comprar una flotilla de vehículos.

En este año 2022, con una economía afectada por la inflación la Gobernación del Huila adelantará en 34 municipios del Huila la construcción de 851 baterías sanitarias en zona rural dispersa, cada una por un valor de 9.770.000 mientras que el alcalde Libardo Pinto las facturó a 14 millones 500 mil pesos.

El comparativo de baterías sanitarias, hechas por AGUAS DEL HUILA, y en otras entidades y por el mismo municipio con anterioridad, presenta precios que alcanza los costos entre 5 y 7 millones de pesos, lo que hace evidente el sobrecosto. No se compadece, teniendo en cuenta el seguimiento periodístico. Veamos, facturan  el uso de mezcladora de cemento, en cada vereda, cuando, según los beneficiarios no se lleva mezcladora al sitio, se factura pero no la llevan y el trabajo lo hace el obrero,  a quien le pagan 1 millón 200 mil pesos, lo que percibe una grave irregularidad,  algo escandaloso; de ese modo el contratista se queda prácticamente con el 50% de los recursos de las regalías Ocad Paz, que se quedan en los bolsillos  de los corruptos, y la que  sufre es la población  vulnerable, más  necesitada, sin la conformación de una veeduría, si  un informe de interventoría, abusando de los más necesitados, cerca de 9 mil millones de pesos en los bolsillos de la corrupción,  NO HAY DERECHO.